Según una demanda hecha contra la empresa «Bebidas del Paraguay» perteneciente al Grupo Cartes y su socio chileno Andrónico Luksic, estos estarían ocupando una propiedad en Ñemby, valuada en más de USD 10 millones. En el sitio se encuentra instalada la planta de producción y comercialización de marcas de bebidas como Pulp, Heineken y otras. […]
Según una demanda hecha contra la empresa «Bebidas del Paraguay» perteneciente al Grupo Cartes y su socio chileno Andrónico Luksic, estos estarían ocupando una propiedad en Ñemby, valuada en más de USD 10 millones. En el sitio se encuentra instalada la planta de producción y comercialización de marcas de bebidas como Pulp, Heineken y otras. El 50,01% de las acciones de Bebidas del Paraguay S.A. pertenecen al empresario chileno.
El calvario de las verdaderas dueñas de la propiedad se inició en el 2003, cuando la firma «Bebidas del Paraguay S.A» ocupó con un título falso las 17 hectáreas de tierra. Según el título original, la propiedad pertenece a María Auxiliadora Yegros y Gladys Teresa Legal Sanabria de Rojas. Desde entonces, las propietarias trataron de llegar a un acuerdo con los invasores, pero todo esfuerzo fue en vano, ya que los ocupantes exhibieron un supuesto título de compra y venta de la propiedad presumiblemente falso, realizado a favor de Francisco Barriocanal Jiménez Gaona en el 2014.
La empresa acusada de usurpar las tierras ubicadas en la ciudad de Ñemby, departamento Central; «Bebidas del Paraguay S.A» pertenece al grupo empresarial chileno Luksic, el cual posee el 50,01% de las acciones, mientras el porcentaje restante lo posee el grupo del expresidente del Paraguay Horacio Cartes.
La situación adversa descrita condujo a las víctimas a iniciar una demanda contra «Bebidas del Paraguay S.A» en el año 2015, pero en el 2018 la balanza favoreció al entonces presidente Horacio Cartes y la jueza de Lambaré, María Teresa Cardozo se declaró incompetente y no resolvió el caso. Otro revés judicial que sufrieron las víctimas fue en el tribunal de apelación comercial y laboral del departamento de Central, donde confirmaron la resolución de la jueza María Cardozo, argumentando excepción de incompetencia y aduciendo que la causa se debía dirimir en la Capital.
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