Existen suficientes elementos para imputar a los involucrados en la quiebra de la Asociación de Funcionarios de la Justicia Electoral. La denuncia se hizo en el 2015 y estarían operando para blanquear el millonario perjuicio.
En la denuncia que se presentó en setiembre de 2015 ante el Ministerio Público se sindica como responsables a los expresidentes de la Asociación Óscar Darío Cáceres Bogado y Norma Beatriz Ibarra Ferreira, además de los miembros, Claudio Herreros Alvarenga, Leticia González Leguizamón y Cynthia Figueredo de Pereira.
En el escrito, también se pidió la individualización de otros involucrados en lesión de confianza y varios otros hechos punibles.
Los denunciantes explicaron que los préstamos a los funcionarios contratados de la Justicia Electoral eran “una práctica perversa y constante” y en abierta violación a los estatutos sociales. Los descuentos a funcionarios contratados correspondientes al mes de junio de 2012 ascendieron a G. 1.002.629.550.
Durante la gestión de Cáceres Bogado se hizo una auditoría externa cuyo resultado se ocultó. Luego se dispuso la intervención y se convocó a elección.
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