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El viernes pasado sin dudas la noticia del día y hasta quizás del año fue la detención y remisión a la cárcel de Tacumbú del otrora hombre fuerte de la Fiscalía General del Estado, el ciudadano Francisco Javier Díaz Verón. Este hecho, sin siquiera evaluar aún el desenlace que va a tener pasará a la historia del país como uno de los hechos más resultantes en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
El ex fiscal general fue imputado por la fiscalía por enriquecimiento ilícito, uno de los delitos más comunes cometidos por un importante número de personas que ocuparon u ocupan un cargo en la función pública. Desde la apertura democrática se denunciaron centenares de hechos, pero nunca se llegó a la instancia que se alcanzó en esta oportunidad, al menos con gente que ocupó cargo de suma relevancia.
El caso Díaz Verón además es una victoria de la libertad de expresión y de prensa, pues el proceso se le inició tras una investigación periodística que fue tomada por el gremio de Abogados del Paraguay y la Fiscalía decidió abrir una investigación. El hombre, que toda su vida laboral desarrolló en la función pública, amasó una fortuna que no se corresponde con los ingresos que tenía. Siendo servidor público se hizo de estancia, adquiría vehículos de alta gama para él, su esposa e hijos; y echó a andar varias empresas a nombre de sus hijos, dos jóvenes estudiantes.
Se dijo mucho sobre el hecho, desde que solo es parte de una vendetta política, hasta que solo se está haciendo leña del árbol caído. No sería extraño, considerando cómo se maneja la justicia en nuestro país que estas versiones sean ciertas. Sin embargo, no resta importancia a la enorme señal de la Justicia en su intención de recuperar la confianza y la credibilidad de la ciudadanía.
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