A través de un informe interno de auditoría realizado ya en junio pasado, se advirtió al entonces titular de Petropar, Eddie Jara, acerca de las irregularidades en la empresa pública y sobre posibles “clavos”. Pese a esto, siguieron otorgando millonarios créditos a las operadoras del emblema estatal. También la CGR le alertó sobre lo mismo.
Tanto el informe de la auditoría interna de Petróleos Paraguayos (Petropar), de junio último, como la de la Contraloría General de la República (CGR), emitida en agosto pasado, alertaron detalladamente a la administración anterior dirigida por Eddie Jara sobre algunas irregularidades en la distribución de millones de litros de combustible a operadores del emblema estatal, sin siquiera pedirles garantías reales para el cobro. Petropar no percibía intereses a los morosos y les seguía entregando combustible, pese a la creciente deuda.
El documento de la auditoría interna, de 50 páginas, ya señalaba la existencia de falencias en el circuito operativo que evidenciaron debilidades significativas, como la cancelación de deuda morosa (refinanciación) con cheque de pago diferido, hecho que resalta es un procedimiento no contemplado en el contrato entre Petropar y las estaciones de servicio ni aprobado por la máxima autoridad. Se cuestionaba además las cargas de combustibles liberadas, existiendo deudas vencidas de los operadores y estados de cuenta que se encontraban desactualizados.
El informe firmado por el auditor de Petropar, Ronald Saguier, indicaba que la Dirección Comercial y Dirección Financiera debían diseñar e implementar un plan de mejoramiento para solucionar las debilidades señaladas en un plazo de 15 días a partir de la recepción del informe, lo que en ningún momento se ejecutó.
Entre los operadores morosos mencionados se encuentra el caso de la empresa Tecnifrost SA, del seccionalero cartista Víctor Molas, que irregularmente ofreció un cheque como supuesta garantía. “El cheque pagadero a la vista sin fecha del operador Tecnifrost SA, recibido por la dirección financiera, no constituye una garantía conforme al contrato suscripto”, se advirtió, resaltando que eso constituye un “hecho grave” al ser un incumplimiento de contrato, al no existir evidencia de la existencia de una adenda que autorice el cambio de tipo de garantía.
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