En su rendición de cuentas ante la Justicia Electoral, partidos y concertaciones violaron alevosamente la Ley de Financiamiento Político. Presentaron recibos comunes y hasta facturas por “servicios de peluquería y maquillaje” correspondientes a las elecciones municipales 2015. Ahora las agrupaciones buscan recuperar dichos “gastos” con el dinero del contribuyente. Pero en lugar de cortar las transferencias pagadas con el impuesto de todos, el TSJE anuncia simples descuentos del 40% de todo el aporte electoral de este año y de hasta el 10% en susbsidios.
El propio presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, el colorado Jaime Bestard (ANR), admitió que este año no iban a ser “rigurosos” en la aplicación de la Ley de Financiamiento Político, promulgada en 2012, porque supuestamente los partidos no tuvieron “tiempo” para adaptarse.
En realidad, los partidos intentaron justificar sus gastos electorales violando abiertamente la normativa, incluso con hechos pasibles de imputación.
Las agrupaciones presentaron en su gran mayoría “recibos comunes” que no pueden rastrearse e incumplieron sin rubor la exigencia de usar el 30% del dinero estatal que reciben para la capacitación de sus cuadros.
En uno de los casos más pintorescos, la Concertación Juntos Podemos en Capiatá rindió gastos electorales por G. 330.000 por servicios personales de maquillaje y peluquería (ver facsimilar).
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