Durante el estudio del proyecto que modifica varias disposiciones de la Ley Nº 222 “Orgánica de la Policía Nacional”, la Cámara de Diputados ha generado debate una modificación introducida al texto original del proyecto presentado por los senadores Alfonzo, Bóveda, Franco, Núñez y Osorio. Vale la
Durante el estudio del proyecto que modifica varias disposiciones de la Ley Nº 222 “Orgánica de la Policía Nacional”, la Cámara de Diputados ha generado debate una modificación introducida al texto original del proyecto presentado por los senadores Alfonzo, Bóveda, Franco, Núñez y Osorio.
Vale la pena detenernos en el análisis del debate, para dimensionar adecuadamente la importancia, trascendencia y profundidad de la defensa de los derechos ciudadanos ejercidos desde la representación parlamentaria, para lo cual, debemos partir de la premisa de que la Ley Nº 222, ha sido promulgada el 9 de julio de 1993, apenas un año después de la puesta en vigencia de la Constitución de 1992, que creó la Policía Nacional, en sustitución de la anterior Policía de la Capital, transfiriéndole las facultades anteriormente ejercidas por las Delegaciones de Gobierno.
El Art. 6 de la Ley (222/93) reglamentó las “…funciones, obligaciones y atribuciones de la Policía Nacional…”, incluyendo en el inciso 6, la facultad de “…Solicitar de los Jueces la autorización correspondiente para allanar domicilios en los casos de prevención de delitos, pesquisas o detención de delincuentes. Esta autorización no será necesaria para entrar a establecimientos públicos, centros de reunión o recreo y demás lugares abiertos al público en las circunstancias previstas en la Ley…”.-
La posterior promulgación del Código Procesal Penal de 1998, otorgó a la Policía, facultades no previstas en su Ley Orgánica, en materia de aprehensión (detención en términos usuales), ampliándolas a supuestos no contemplados en aquella.
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