El chofer y los dos custodios asignados al cuestionado exministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Torres Kirmser le cuestan a la ciudadanía más de G. 300 millones anuales. Él mismo firmó una resolución que obliga al Estado a seguir pagando para dar protección a quienes ocuparon alguna vez cargos en la máxima instancia judicial. El exministro acostumbraba utilizar a funcionarios públicos como empleados particulares.
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