En dos semanas más, el gobernador de Alto Paraná Roberto González Vaesken cumplirá un año de gestión al frente del ejecutivo departamental. De acuerdo con la percepción ciudadana y los “resultados” obtenidos en ese periodo de gobierno, la autoridad regional cumple una pésima tarea, plagada de irregu
En dos semanas más, el gobernador de Alto Paraná Roberto González Vaesken cumplirá un año de gestión al frente del ejecutivo departamental. De acuerdo con la percepción ciudadana y los “resultados” obtenidos en ese periodo de gobierno, la autoridad regional cumple una pésima tarea, plagada de irregularidades, sospechas de negociados, escándalos personales y una notoria falta de liderazgo político. Su falta de tino como dirigente, incluso, hizo que rompa la relación con el presidente Mario Abdo Benítez y la cúpula del movimiento oficialista Colorado Añetete.
En pocos días más, el gobernador Roberto González cumplirá un año de gestión al frente de la Gobernación del Alto Paraná, pero no hay nada que celebrar, pues viene recibiendo fuertes críticas de la ciudadanía y su propia dirigencia, a raíz de su paupérrima administración, escándalos personales, sospechas de negociados y falta de liderazgo político, que prácticamente “destrozaron” al movimiento Colorado Añetete a nivel departamental.
Uno de los cuestionamientos más fuertes que recibió el ejecutivo regional fue el manejo de las becas estudiantiles, que fueron direccionadas en un gran porcentaje a la universidad privada que es propiedad de su familia. Por ese motivo, incluso el secretario de educación, Lic. Leonardo Figueredo, fue obligado a dar un paso al costado, fungiendo de “chivo expiatorio” y fusible para que el escándalo no fuera aún mayor.
Otra de las polémicas más notorias de su administración es lo relacional a la merienda escolar, que el gobernador maniobró de manera escandalosa para favorecer y finalmente adjudicar el servicio a la empresa de maletín de Mirian Luján Duarte, representante de Girasol SA, y a la firma Vega, estrechamente ligada al clan Zacarías. Las mismas no reunían las condiciones legales para quedarse con el servicio, que resulta en un negociado de unos G. 20.000 millones, dinero del Fonacide, de acuerdo con las fuentes.
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