Prácticamente todos los políticos paraguayos hablan a diario con grandilocuencia que la educación es el factor más importante para el desarrollo econó...
Prácticamente todos los políticos paraguayos hablan a diario con grandilocuencia que la educación es el factor más importante para el desarrollo económico y social de un país, sin embargo en la práctica, como gobierno, legislan como vulgares mercaderes de la educación.
El Poder Legislativo sancionó y el Ejecutivo promulgó el 4 de julio pasado la ley Nº 5633/2016, en la cual le pone topes a los aranceles que cobran las universidades públicas para completar el raquítico presupuesto destinado anualmente para el funcionamiento de las mismas. Esa Ley, ya en vigencia, tendrá un impacto del 50% aproximadamente en las recaudaciones denominadas técnicamente “Fuente 30”, que son los recursos propios.
Bien por los estudiantes que serán los beneficiarios de esa Ley. ¿Pero acaso se analizó cómo afectará a las universidades públicas que funcionan con un determinado presupuesto hace años? ¿O acaso se dispuso una fuente de ingresos alternativa para paliar ese 50% menos de ingresos propios que tendrán desde ahora las universidades? ¿O acaso se analizó la posibilidad de que en un país pobre como el Paraguay, las universidades deberían ser gratuitas, es decir con arancel cero?
Increíblemente tenemos aún personajes con cerebros fosilizados que creen que la gratuidad de la enseñanza universitaria es una utopía. Haciendo una rápida investigación, encontramos que las universidades públicas son gratuitas en once países. Estoy seguro que son más de once, pero citemos: Argentina, Uruguay, México, Cuba, Alemania, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Grecia y Austria. Lamentablemente, en nuestra Constitución Nacional no se previó la gratuidad de la enseñanza universitaria. Amerita una enmienda constitucional. Pero volvamos a la Ley 5633/2016.
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