El último enfrentamiento se produjo hoy en la prisión de Alcacuz, en Nisia Floresta, ciudad de la región metropolitana de Natal, capital del estado de Río Grande do Norte, donde el fin de semana se registró un motín en el que murieron 26 presos. Imágenes de presos armados con palos y barras de hierro en los tejados de la prisión, en su mayoría del grupo Sindicato del Crimen de Río Grande do Norte (SDC), desmentían a las autoridades que insistían en que tenían el “control” de la situación. El CV es una organización nacida en 1969 en la prisión Ilha Grande (Río de Janeiro) de la mano de un grupo de presos comunes y presos políticos, aliada del grupos criminales del norte del país. “Estamos llegando a lo que Colombia fue en los años 90, con una diferencia grave: allí en Colombia había un Pablo Escobar, aquí en Brasil tenemos más de 50”, admitió hoy el secretario de Justicia y Ciudadanía del estado brasileño de Río Grande do Norte, Wállber Virgolino, en una gráfica descripción de la situación que vive el país.
Motín en una prisión de Brasil. Foto ilustrativa / RT en Español.
Brasilia.- En medio de una de las mayores crisis del sistema penitenciario de la historia de Brasil, que mantiene en jaque al Gobierno y a las administraciones estatales, el Ejecutivo de Michel Temer anunció este martes que las fuerzas armadas podrán realizar inspecciones rutinarias en las cárceles. El ingreso deberá ser autorizada por los gobernadores de cada estado.
La crisis penitenciaria ha alcanzado “dimensiones nacionales” y requiere de “acciones extraordinarias”, admitió este martes el presidente Temer tras participar en una reunión con órganos de seguridad e inteligencia estatales.
La presencia de las fuerzas armadas en las prisiones tendrá que ser autorizada por los gobernadores porque, salvo en el caso de las cárceles federales, los centros penitenciarios son responsabilidad de las Administraciones estatales.
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