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Tras ser eliminado en 2019, el cartismo y sus aliados restituyeron el fondeo público para la jubilación vip, proyectando un gasto de G. 4.550 millones para 2026.
El gobierno de Santiago Peña, respaldado por una mayoría propia en ambas Cámaras del Congreso, restituyó el aporte estatal a la denominada “jubilación vip”. Este beneficio para parlamentarios había sido suprimido formalmente en el año 2019. Sin embargo, los aliados del cartismo reactivaron este financiamiento público dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN) del ejercicio 2024.
Los documentos oficiales revelan que el fondeo ha crecido de manera progresiva. Para el cierre del año 2026, las proyecciones presupuestarias alcanzan los G. 4.550 millones. Esta asignación contrasta fuertemente con la crisis financiera y el déficit crónico que atraviesan las cajas jubilatorias del sector público en el país.
En noviembre de 2019, una iniciativa legislativa eliminó la obligación del Estado de aportar mensualmente el 7% sobre las dietas. No obstante, los legisladores de aquel periodo mantuvieron vigente un inciso estratégico en la normativa. Este apartado habilita la recepción de donaciones y otros aportes previstos directamente en el PGN.
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