Fiscales de la operación Lava Jato, que destapó una vasta trama de corrupción en Brasil –con ramificaciones incluso en Paraguay– renunciaron por “incompatibilidades insolubles” y en protesta por las críticas del fiscal general, Augusto Aras, quien aún no decidió si prorrogará por un año más las investigaciones del grupo de trabajo.
SÃO PAULO (EFE). La operación Lava Jato, que desde 2014 ha destapado numerosos escándalos de corrupción en Brasil y el resto de Latinoamérica, vive su momento más delicado, en medio de presiones y críticas tanto dentro como fuera del Ministerio Público.
Lo que empezó siendo un caso de blanqueo de capitales a través de gasolineras acabó en una orgía de dinero sucio, millonarios desvíos de recursos de empresas estatales y, en definitiva, en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, con ramificaciones en Latinoamérica y algunos países de África.
Sus más de 500 denuncias y 250 condenas se transformaron también en un movimiento político que supo aprovechar el ahora presidente de Brasil, Jair Bolsonaro; pero hoy el futuro de la Lava Jato es incierto.
En un documento conjunto enviado al Ministerio Público, los siete procuradores (agentes fiscales), que integran el equipo de la Lava Jato en São Paulo, presentaron su renuncia colectiva por “incompatibilidades insolubles con la actuación de Viviane de Oliveira”, designada por el fiscal general, Augusto Aras, para coordinar tareas en São Paulo.
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