Investigaciones de ÚH van alargando la lista de empleados públicos que proveen ilegalmente al Estado, según la prohibición de la Ley 1626. Jugosos contratos mantienen los adjudicados y están en diferentes entes.
Sonia Beatriz Maidana es funcionaria de la Presidencia de la República, percibe un salario G. 4.230.800, está comisionada en la Municipalidad de Areguá y a la vez es proveedora de la Municipalidad de Presidente Franco.
La misma se adjudicó dos contratos en compras públicas en el 2013 y 2014 por valor de G. 313 millones. Se dedica al negocio del servicio de publicidad y propaganda.
Luis Orlando Melgarejo Roy es funcionario del IPS, está en la sección de seguridad área metropolitana en interior, y aparte tiene contratos de proveedor en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac) y en el Municipio de San José de los Arroyos. En el 2014 ganó G. 413 millones en adjudicaciones de compras públicas.
Mientras que Martina Muñoz figura como funcionaria del Poder Judicial, se desempeña como ujier. La misma es a la vez proveedora de la Gobernación de Ñeembucú según confirmó César Verón, responsable de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la citada institución.
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