La causa lleva el N° 2011/2023, y se trata de una investigación fiscal sobre coacción grave, que afecta al ex director nacional de Aduanas Julio Fernández, contra la administradora de Aduanas de Gical, María Guadalupe Ruíz, y otros quienes eventualmente podrían haber tenido participación en el robo de un contenedor repleto de mercaderías electrónicas, especialmente […]
La causa lleva el N° 2011/2023, y se trata de una investigación fiscal sobre coacción grave, que afecta al ex director nacional de Aduanas Julio Fernández, contra la administradora de Aduanas de Gical, María Guadalupe Ruíz, y otros quienes eventualmente podrían haber tenido participación en el robo de un contenedor repleto de mercaderías electrónicas, especialmente teléfonos celulares.
La denuncia había sido realizada por Ahmad Kalil Chams, conocido referente de los gremios comerciales y empresariales de Ciudad del Este. El robo del contenedor afectó también a otros comerciantes que traían sus cargas desde los Estados Unidos, y que había ingresado por la aduana de Encarnación, donde debía ser despachada.
La causa la tiene la Unidad Penal 1 de Ciudad del Este, y el titular de la misma, Carlos Almada, estaría recibiendo fuertes presiones de diputados vinculados a Fuerza Republicana desde la capital del país, para que se proceda a archivar la investigación sin que se llegue a la imputación del principal denunciado, Julio Fernández, quien habría sido el principal “alimentador” de la campaña política de ese equipo en las últimas elecciones internas para las nacionales.
Incluso, Ahmad Kalil Chams, el denunciante, llegó a presentar las facturas originales emitidas por los organismos tributarios de los Estados Unidos, las cuales no fueron reconocidas, según dijo, por Julio Fernández y su gente de Aduanas en nuestro país, que ya para entonces eran los principales sospechosos de facilitar el robo del contenedor con las mercaderías.
Leer la nota completa en TN Press
