El Parlamento francés aprobó este martes el proyecto de ley que pone fin al pasaporte sanitario y otras medidas excepcionales contra el COVID-19, como el confinamiento o el toque de queda, a partir del 1 de agosto.
Sin embargo, el texto, aprobado por 209 votos a favor, 30 en contra y 104 abstenciones, contempla, hasta el 31 de marzo de 2023, que el Gobierno pueda exigir a los ciudadanos mayores de 12 años una prueba PCR negativa en las fronteras en caso de aparición de una variante peligrosa, tal y como ha recogido el diario Le Monde.
Asimismo, para los territorios de ultramar se prevé la misma posibilidad, aunque esta vez en caso de saturación hospitalaria. El texto también amplía dos mecanismos: el primero, sobre el seguimiento de los positivos, hasta el 31 de enero, y el segundo, el sistema que centraliza los resultados de los test, hasta el 30 de junio.
El portavoz del Gobierno francés, Olivier Véran, acusó hace dos semanas a la oposición de “querer derrotar al Ejecutivo” tras una primera votación en la Asamblea Nacional en la que se rechazó una parte central de este proyecto de ley.
El ex primer ministro francés Jean Castex anunció anteriormente que a partir del 14 de marzo de este año dejaría de ser obligatorio el uso de mascarillas en espacios cerrados y se pondría fin al certificado de vacunación. La mascarilla dejó de ser obligatoria en el transporte público en Francia desde el pasado 16 de mayo.
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