La DNCP concluyó la investigación de oficio de la millonaria adjudicación de Petropar para la limpieza de sus oficinas. La estatal benefició a la firma Faluci SA, que sería “de maletín”, e incluso habrían fraguado un acuerdo de venta de acciones de una funcionaria pública que aparecía en la directiva de la firma, según la declaración jurada que presentó la empresa.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), cuyo titular es Agustín Encina, concluyó la investigación de oficio que había iniciado en agosto último a la millonaria adjudicación de para el servicio de limpieza de sus oficinas de la planta Villa Elisa y de la alcoholera de Mauricio José Troche (Guairá).
En este caso, la estatal había beneficiado a la empresa Faluci SA, representada por Carmen Sosa Said, por G. 4.220 millones, firma que funciona en una humilde edificación de Villa Elisa, donde ofrece servicios de fotocopias, de activación de líneas de celulares e incluso repartían viandas de comidas.
Pero pese a las serias irregularidades denunciadas, la DNCP no profundizó las pesquisas y “no vio” algunos hechos denunciados, como el caso de una funcionaria pública que era accionista de la empresa beneficiada por Petropar y que formaba parte de la directiva de Faluci SA, según la propia declaración jurada que presentó la compañía ante Petropar.
En este sentido, hicieron figurar en la declaración jurada a dos personas en los cargos directivos de la empresa. Una de ellas, Andrea Elysa Zubizarreta Benítez, quien figura como funcionaria de la Secretaría Nacional de Deportes y otra de las representantes es Sylvia María Benítez Zubizarreta.
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