Lo cierto es que este desenlace era previsible y no fueron pocas las voces que en su momento advirtieron que este desorden –en el mejor de los casos– en la administración de los recursos del Fonacide era poco menos que inevitable. La fuerte inyección de dinero de Itaipú, que bien empleado podría ser una verdadera palanca de desarrollo, acabó alimentando a la maquinaria burocrática y clientelista y a los corruptos de siempre.Una consecuencia igualmente indeseable del manejo desprolijo –en el mejor de los casos– de los fondos para la educación es el duro golpe que representa para la descentralización política y administrativa. Es urgente una profunda revisión de la Ley del Fonacide, de manera de aumentar el control social sobre la utilización de esos ingentes recursos.
Un informe de la Contraloría General recientemente difundido señala que desde el 2013 hasta hoy cerca de G. 16.000 millones transferidos por el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) a gobernaciones y municipios sencillamente se esfumaron. No hace falta demasiado análisis para percatarse que estos recursos fueron dilapidados. Basta con recorrer escuelas y colegios de toda la República para notar que ese dinero –que según la ley debía emplearse en infraestructura y equipamiento educativo– fue a parar sabe Dios adónde. Casi con total seguridad a los bolsillos de...
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