Asunción, IP.- De acuerdo con el documento publicado por la organización mundial Global Financial Integrity GFI el Paraguay se encuentra en el lugar 37 entre 147 países del ránking mundial de mayores flujos financieros ilícitos, según el promedio de los últimos diez años, lo que se traduce en la limitada capacidad de recursos nacionales para financiar las políticas públicas que permitan mejorar sustancialmente la vida de los paraguayos, señala la economista Verónica Serafini. La existencia de altos niveles de flujos ilícitos socaban la estabilidad y credibilidad del sistema financiero, en particular, y de las instituciones del Estado, en general, ya que las empresas y personas vinculadas a estos flujos ejercen su influencia para: Impedir, a través de la corrupción, que las instituciones (bancos, bancos centrales, unidades de inteligencia, policía, fiscales y jueces) ejerzan sus competencias de detección, investigación y enjuiciamiento de los flujos ilícitos.
Asunción, IP.- De acuerdo con el documento publicado por la organización mundial Global Financial Integrity GFI el Paraguay se encuentra en el lugar 37 entre 147 países del ránking mundial de mayores flujos financieros ilícitos, según el promedio de los últimos diez años, lo que se traduce en la limitada capacidad de recursos nacionales para financiar las políticas públicas que permitan mejorar sustancialmente la vida de los paraguayos, señala la economista Verónica Serafini.
De acuerdo al análisis presentado por Serafini, del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguya (Cadep), el desarrollo presenta al Paraguay grandes desafíos ya que la mejora en las condiciones de vida está respaldada no solo por los derechos establecidos en la Constitución Nacional sino también por dos compromisos internacionales que el Paraguay asumió en 2015. En julio adoptó la Agenda para la Acción de Addis Abeba (AAAA), en la Tercera Conferencia Internacional de Financiamiento para el Desarrollo, y en septiembre se comprometió a cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo...
Uno de los grandes problemas que enfrenta el Paraguay es, justamente, su limitada capacidad de recursos nacionales para financiar las políticas públicas que permitan mejorar sustancialmente la vida de los paraguayos y las paraguayas. La baja presión tributaria y la inequitativa estructura tributaria impiden que el Estado paraguayo garantice el ejercicio de los derechos y una rápida trayectoria hacia el desarrollo.
Uno de los factores que contribuyen a esta situación es la importante cantidad de flujos financieros que salen de manera ilícita del país, como constata el informe de la organización mundial Global Financial Integrity (GFI) difundido recientemente por varios medios de prensa nacional.
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