El Ministerio Público presentó un requerimiento de sobreseimiento definitivo a favor del exministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona y de la exviceministra Martha Benítez, en el marco de la causa que investigaba presuntas irregularidades administrativas vinculadas a su gestión. El planteamiento sostiene que, tras el análisis integral de los elementos reunidos durante la investigación, […]
El Ministerio Público presentó un requerimiento de sobreseimiento definitivo a favor del exministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona y de la exviceministra Martha Benítez, en el marco de la causa que investigaba presuntas irregularidades administrativas vinculadas a su gestión. El planteamiento sostiene que, tras el análisis integral de los elementos reunidos durante la investigación, no se configuran presupuestos suficientes para sostener una acusación en juicio oral.
De acuerdo con el documento, la investigación se centró en la revisión de decisiones administrativas y procedimientos contractuales que habían sido objeto de cuestionamientos, a fin de determinar si existió una conducta penalmente reprochable. En ese contexto, la Fiscalía, representada por los fiscales Giovanni Grisetti, Nathalia Silva y Yeimy Adle, describe las diligencias realizadas, entre ellas la recopilación de informes técnicos, documentación institucional y declaraciones de funcionarios, con el objetivo de reconstruir el marco de actuación de los entonces responsables.
El requerimiento señala que el estudio de los antecedentes permitió identificar que las decisiones analizadas se adoptaron dentro de los márgenes normativos y conforme a los procedimientos administrativos vigentes al momento de los hechos. En ese sentido, se concluye que no se verifican elementos que permitan sostener la existencia de dolo o de una actuación orientada a causar perjuicio al Estado.
Asimismo, el Ministerio Público expone que las eventuales inconsistencias detectadas durante la etapa investigativa responden a cuestiones de naturaleza administrativa o interpretativa, sin alcanzar la entidad suficiente para configurar un ilícito penal. Esta valoración se apoya en los informes periciales y en el análisis de la normativa aplicable, los cuales son citados como fundamentos centrales del pedido.
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