El fiscal adjunto de Delitos Económicos, Federico Espinoza, resolvió remitir a la Dirección de Contrataciones Públicas la denuncia de un intento de negociado en la Justicia Electoral con las impresiones de boletines de votos para las elecciones presidenciales de 2018. Al no consumarse las adquisiciones, el Ministerio Público no encontró hecho punible que indagar.
Espinoza explicó que la denuncia presentada por las abogadas Kattya González y María Esther Roa, de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, el 2 de agosto de este año, fue analizada por la directora de Delitos Económicos, Patricia Doria, quien no encontró indicios que ameriten la apertura de una causa.
Por este motivo, se resolvió remitir la denuncia a la Dirección de Contrataciones Públicas, para que esa dependencia, de forma administrativa, indague el proceso de licitación pública.
“El hecho punible contra el patrimonio exige un daño, algo que acá no aconteció porque la compra no se efectuó”, explicó Espinoza.
Según la denuncia penal presentada por la Coordinadora de Abogados, existían indicios de una sobrefacturación de 300% de costo en la Licitación Pública Nacional 1/2017, para la contratación de servicio de impresiones de boletines de voto a las empresas AGR SA y Servipres, de Eduardo Verón.
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