Pese a indicios de un sugestivo enriquecimiento del concejal lambareño Luis Paciello, yerno del expresidente Fernando Lugo, la Fiscalía no actúa. El Ministerio Público dijo que iba a intervenir de oficio en el caso de las declaraciones juradas, ante la existencia de indicios fácticos, como en este caso. Sin embargo, ignora su propia postura y hace la “vista gorda”.
El 29 de junio pasado, luego de la reunión entre la fiscala general Sandra Quiñónez; el contralor general Camilo Benítez y el viceministro de Tributación, Oscar Orué, el Ministerio Público dio a conocer un informe en el cual dejó sentada su postura con respecto a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos.
La Fiscalía General sostuvo que la sola publicación de los ingresos y egresos de las ex y actuales autoridades no pueden motivar la intervención de oficio de la institución que representa a la sociedad. Enfatizó que “el Ministerio Público estará obligado a promover la acción penal pública de hechos punibles que lleguen a su conocimiento, siempre que haya suficientes indicios fácticos de la existencia de los mismos”.
La fiscala de Delitos Económicos había declarado a ABC que la Fiscalía no es un órgano de control. “Debería iniciar de oficio una investigación si se dan hechos que podrían constituir hechos punibles, luego de los órganos de control hayan desplegado sus funciones; o en su defecto, que lleguen a su conocimiento evidencias que indiquen una conducta penalmente relevante, y ello sea evidente, ya sea a través de una denuncia, una publicación, una intervención policial o por cualquier otro medio”, resaltó la agente.
Una investigación realizada por nuestro diario reveló que el concejal de Lambaré Luis Paciello (yerno
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