La Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía encontró ayer un nuevo caso de ONG “de maletín”, en el marco de la investigación por lesión de confianza, estafa y otros delitos que aparentemente se perpetraron en el “negocio” de los pozos del Indert.
En los allanamientos del Ministerio Público se están confirmando todas las denuncias reveladas a través de investigaciones periodísticas, acerca de la repartija de más de US$ 20 millones por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Específicamente, en lo que respecta a la hipótesis de que las transferencias directas del ente a las ONG se han realizado al solo efecto de eludir la ley 2051 de Contrataciones Públicas, de tal modo a que el dinero llegue a empresas “constructoras” de políticos y amigos del gobierno.
Ayer, el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Piñánez, se constituyó en la dirección declarada por la ONG “Mi Casita” (Juan de Salazar c/ Artigas, Asunción), adjudicada con un contrato de G. 1.279 millones para gestionar la construcción de tres sistemas de agua potable en distritos de Concepción.
En el sitio se encontró una oficina sin cartel, donde no funciona dicho organismo, no había funcionario alguno ni documentos al respecto. El fiscal Piñánez resaltó en conclusión que para el Ministerio Público, no existe “Mi Casita”, cuya presidenta es Cyntia Santacruz.
Llamativamente, se presentó una persona de nombre Eduardo Aveiro Ruiz, en representación de otra ONG que también recibió fondos del Indert, llamada “Redecap”. Dijo que en el lugar funciona este organismo y que anteriormente, hace tres o cuatro meses, también estaba “Mi Casita”, pero negó que haya vinculación entre ambas organizaciones.
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