Patricia Doria volvió a un cargo más alto, el de directora jurídica de la Fiscalía General, de la mano de Sandra Quiñónez. Había sido sacada por dictaminar que correspondía indagar la fortuna de Javier Díaz Verón.
El 29 de diciembre de 2017 Patricia Beatriz Doria Argaña, en su carácter de directora de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, dictaminó a favor de la apertura de una investigación penal contra Javier Díaz Verón, su esposa María Selva Morínigo y sus hijos Yerutí y Alejandro Díaz Morínigo.
La misma “pecó” y el fiscal adjunto interino de Díaz Verón (con autopermiso), Alejo Vera, intentó maquillar la vendetta con un pedido de permiso sin goce de sueldo. También actuó en su contra la entonces nueva fiscala adjunta de Delitos Económicos, Alba Rocío Cantero.
Sin embargo, era imposible creer la historia que querían instalar desde la Fiscalía General. Suponer que Doria dejaba atrás ocho años en la Dirección de Delitos Económicos (asumió en enero de 2010) era improbable.
En un comunicado de prensa, el Ministerio Público intentó poner paños fríos y señaló que fue Doria la que pidió el permiso particular. Luego, dijeron que la ministra Karina Gómez, de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabisco), pidió que se le dé curso a su solicitud.
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