Pese a que ya presentaron tres urgimientos a la fiscala de la Unidad de Delitos Económicos, María Victoria Acuña, en la que le piden que proceda a imputar a cada uno de los responsables de las violaciones del Tratado de Yacyretá, esta no realizó ninguna diligencia al respecto, informaron ayer a nuestro diario Marta Coronel y el abogado Walter Fidel Cardozo.
La denuncia se basa fundamentalmente en la aplicación ilegal de la Nota Reversal de 1992, relativa a la tarifa y financiamiento de Yacyretá que, a pesar de que fue rechazada por la Cámara de Senadores en 1995, el exdirector paraguayo Juan A. Schmalko informó al Congreso que para la EBY rige hasta ahora.
Agrega Cardozo que, basados en la aplicación irregular del rechazado instrumento diplomático, las autoridades de la EBY establecieron la tarifa del costo del servicio de electricidad por debajo del costo de producción, así como la no facturación de potencia, que representa el 60% de los ingresos que debería tener Yacyretá, razón por la cual el perjuicio patrimonial para el Paraguay y la Argentina “es de tal magnitud que difícilmente entre en una calculadora”.
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