El abogado Alfredo Enrique Kronawetter, docente y responsable de la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario (Conarepp), considera que el Ministerio Público debe iniciar una investigación ante los hechos denunciados en torno a la licitación para modernizar el aeropuerto, vía APP.
A pedido de la Comisión Permanente del Congreso, Kronawetter realizó el análisis jurídico de varias irregularidades en la licitación vía asociación público privada (APP) para modernizar el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, convocada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Más allá de los conflictos jurídicos adjudicados a la única oferente que hoy está en competencia, el consorcio Sacyr-Agunsa, el especialista realizó un dictamen global de todo el proceso, desde sus inicios (ver cuadro).
“El Ministerio Público, al tomar conocimiento de estos hechos notorios (profusa información emanada de la prensa), tiene el deber constitucional y legal de impulsar una investigación fiscal”, señala parte de las conclusiones y agrega que, si existen suficientes elementos, la Fiscalía debe proceder a imputar a los responsables.
El jurista explica que la base de su opinión se sustenta en la puesta a conocimiento de la Contraloría de las supuestas irregularidades en la licitación, que son seis puntos en específico, de los cuales el abogado analizó dos, correspondientes particularmente al ámbito penal.
El primer ítem analizado es el hecho de que el jefe de Gabinete del MOPC, Abog. Esteban Sarubbi, esté vinculado a la participación de una de las oferentes –posteriormente descalificada–, la empresa Vinci. Se planteó que existen “incompatibilidades, inhabilidad, fraude y tráfico de influencias con la presunción de fraude y corrupción (sic), que se constataría con la situación por la cual el MOPC introdujo modificaciones sustanciales al pliego originario para facilitar la participación de Vinci”. Al respecto, Kronawetter subraya que “lo concreto es que el mismo (Sarubbi) estaría en una...
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