El Ministerio Público apelará la resolución del Tribunal de Sentencia que decretó la extinción del proceso por estafa en el caso de los “caseros de oro” y blanqueó al diputado Tomás Fidelino Rivas (ANR - cartista). Desde la sociedad civil califican la decisión judicial como “una payasada, un bochorno”.
El fiscal Luis Piñánez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), confirmó que “sí o sí” presentará apelación en contra de la decisión de oficio del Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Héctor Capurro, Juan Carlos Zárate Pastor y Cándida Fleitas (voto en disidencia), que decretó la extinción del proceso penal y el sobreseimiento definitivo del diputado cartista Tomás Fidelino Rivas Benítez del proceso por estafa en el caso de sus “caseros de oro”.
“Estoy muy apenado por lo que está pasando con la Justicia paraguaya. Este es un fallo sorprendente y lamentable porque genera descrédito en el Poder Judicial. Extinguen un proceso penal con un acuerdo reparatorio sin que tenga legitimación la persona que dice ser víctima”, expresó el agente de UDEA en relación al acuerdo que firmó Rivas de compensación que firmó Rivas con el presidente de la Cámara de Diputados, su correligionario Pedro Alliana (ANR - cartista).
Piñánez agregó que el acuerdo de resarcimiento es una admisión por parte del diputado Tomás Rivas de que el hecho de estafa ocurrió, pero que el documento carece de legitimación porque el presidente de la Cámara Baja ni siquiera consultó con sus colegas para firmar el acuerdo, ya que lo hizo de forma personal.
Criticó que el Tribunal de Sentencia haya “pisoteado la ley” para decretar de oficio la extinción de la presente acción, teniendo en cuenta que los jueces fundamentaron su decisión en el inciso 10 del Articulo 25 del Código Procesal Penal, que claramente establece que “la acción penal se extinguirá... en los hechos punibles contra los bienes de las personas o en los hechos punibles culposos, por la reparación integral del daño particular o social causado, realizada antes del juicio, siempre que lo admita la víctima o el Ministerio Público”.
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