El fiscal Alcides Corvalán fue asignado a la investigación por presunta perturbación de la paz pública y resistencia respecto a la manifestación del pasado 31 de marzo cuando un grupo de personas se manifestó frente al Palacio de Justicia e intentaron rebasar el cordón policial. Se trata del grupo de aproximadamente 30 personas que habría […]
El fiscal Alcides Corvalán fue asignado a la investigación por presunta perturbación de la paz pública y resistencia respecto a la manifestación del pasado 31 de marzo cuando un grupo de personas se manifestó frente al Palacio de Justicia e intentaron rebasar el cordón policial.
Se trata del grupo de aproximadamente 30 personas que habría pretendido realizar una representación teatral sobre el suceso ocurrido el 31 de marzo del 2017, tras el fallecimiento de Rodrigo Quintana, en la explanada de la sede judicial.
En la denuncia policial presentada ante la Unidad Fiscal se manifiesta que personal policial explicó a los manifestantes sobre la existencia de la Acordada n.° 254 de la Corte Suprema de Justicia, que prohíbe actividades de esa naturaleza.
Los datos indican que una copia de la acordada habría sido entregada a la abogada Marlene Orué, pero ante la negativa, aparentemente, arrojó el documento al suelo “y emitió palabras ofensivas contra los agentes policiales”.
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