El Ministerio Público acusó y pidió juicio oral y público para dos trabajadores del volante –Ángel Zaracho y Roberto Almirón– procesados por perturbación de la paz pública y otros hechos registrados entre julio y agosto del año pasado. Actualmente, ambos también son investigados por exigir el pago de una suma en dólares al ministro del Interior para no cerrar rutas.
Los fiscales Eugenio Ocampos, Alcides Corvalán y Carmen Bogado acusaron a los Ángel Ramón Zaracho Núñez y Roberto Merardo Almirón Acha. Al mismo tiempo solicitaron que la causa en la que están procesados por perturbación de la paz pública, intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y coacción a órganos constitucionales, sea elevada a juicio oral y público.
De acuerdo con los datos proporcionados por la Fiscalía, Zaracho y Almirón fueron individualizados como responsables de liderar, convocar, ordenar e instruir a sus agremiados de trabajadores del volante a que se realicen medidas de fuerzas y conductas lesivas.
Entre algunas de esas conductas, los fiscales señalan que Zaracho y Almirón intimaron a la obstaculización peligrosa de la circulación de personas y vehículos, utilizando camiones de gran porte como medida de fuerza coercitiva.
Ante todo lo acontecido, estas conductas son consideradas lesivas a los derechos de otros ciudadanos porque evitan la circulación libre, además de la instalación de piquetes que también impedían el libre tránsito de la ciudadanía en la zona de la Costanera de Asunción y otras zonas. Se registraron en agosto de 2021, cuando los trabajadores del volante llevaban una medida de fuerza para lograr aprobar un proyecto de ley que pretendía fijar un precio para el flete.
Leer la nota completa en Diario ABC
