La fiscala María Raquel Fernández será denunciada hoy por no investigar los cruces de llamadas para determinar quiénes dieron la orden de ataque a la sede del PLRA, que tuvo como desenlace el asesinato del activista Rodrigo Quintana. Este viernes vence el plazo de resguardo de registro de las empresas de telefonías celulares.
Los abogados Guillermo Duarte Cacavelos y Santiago Lovera denunciarán hoy ante el juez penal de garantías Humberto Otazú, la frustración de la persecución penal atribuida a Fernández y pedirán al magistrado que realice un control judicial de la etapa preparatoria.
En un escrito, los profesionales explicarán a Otazú que urgieron oficios a las compañías de telefonías celulares, para que estas manden los registros de llamadas del entorno del presidente de la República, Horacio Cartes.
Fue a raíz de que saltaron en el cruce de llamadas del teléfono del excomandante de Policía, comisario Críspulo Sotelo, insistentes comunicaciones entre el mismo y el empresario tabacalero José Ortiz (con quien habló 16 veces) y el abogado de Yacyretá Luis Canillas (quien tuvo 24 comunicaciones con Sotelo), todos del entorno de Cartes.
También se reveló que las comunicaciones se hicieron desde Mburuvichá Roga. Ortiz, por ejemplo, se comunicó con Sotelo 16 minutos antes del ataque, y entre el 31 de marzo y 1 de abril, lo hizo en más ocasiones que el propio Cartes, quien habló con Sotelo en 10 oportunidades.
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