De manera sigilosa, la fiscala de Delitos Económicos Yolanda Portillo pidió la desestimación de una de las tantas denuncias por lesión de confianza existentes contra el expresidente del Indert Justo Cárdenas, ahora preso en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú en una causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La agente fiscal presentó el pedido de desestimación el 7 de noviembre del año pasado, pero recién ahora saltó a la luz en el juzgado que está a cargo de Gustavo Amarilla Arnica.
Según el escrito fiscal, la denuncia es sobre el supuesto hecho de que el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) adquirió un inmueble que ya era de su propiedad, y pagó G. 7.000 millones durante las administraciones de Eugenio Alonso Massare (2010) y Marciano Barreto Leiva (2011). Hace la aclaración de que la administración de Cárdenas no estuvo involucrada.
Según la agente, por resolución N° 1.065 de fecha 3 de junio de 1983, emitida por el Consejo del Instituto de Bienestar Rural (hoy Indert), se autorizó la permuta de 60 hectáreas de tierra en el distrito de Itakyry, en Alto Paraná.
En el año 2009, Juan Valiente ofreció en venta la misma finca, pero luego se comprobó que en realidad ya pertenecía al Indert.
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