La fiscala Liliana Alcaraz, en mayo del año pasado, archivó la denuncia de un presunto perjuicio de casi un millón de dólares a la Defensoría del Pueblo, mediante el pago irregular de millonarias indemnizaciones a supuestas víctimas de la dictadura que utilizaron documentos no auténticos. La determinación de la agente del Ministerio Público permitió la prescripción de por lo menos 22 de los 26 casos que fueron denunciados. La causa se busca reimpulsar mediante la reasignación de nuevos fiscales.
Mediante la resolución administrativa número 2 del 7 de mayo del 215, Alcaraz archivó la denuncia que presentó Norma Irene Ferreira Barijho. La misma refirió que en la Defensoría del Pueblo se otorgaron indemnizaciones a supuestas víctimas e hijos de presuntas víctimas de la dictadura de Stroessner, a sabiendas de que los expedientes contenían documentos adulterados y testigos falsos.
Uno de los principales sospechosos era el exdefensor del Pueblo, Manuel Páez Monges, quien pese a los dictámenes desfavorables de la Subdirección de Revisión de Documentos dispuso el pago de indemnizaciones.
El archivamiento de la denuncia dispuesto por la fiscala Alcaraz habría permitido la prescripción de 22 de los 26 casos denunciados.
Con la resolución administrativa de archivar el caso, la fiscala evitó la intervención del Poder Judicial y permitió que transcurra el tiempo, para que la causa pueda prescribir.
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