El fiscal Juan Leonardi Guerrero menciona el poco interés del contralor Enrique García para apelar, en su carácter de asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, un fallo arbitral que condenó a pagar US$ 3,6 millones a Ivesur. El mismo envió a un auxiliar el día que vencía el plazo.
En su imputación, el citado agente fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción indicó que García simplemente se limitó a encomendar la tarea de presentar un escrito de nulidad del laudo arbitral el último día de plazo, a un auxiliar de la asesoría jurídica que estaba a su cargo.
Sin embargo, la no presentación de la apelación le atribuyó al funcionario subalterno de asesoría jurídica, el también imputado Rodolfo Duarte.
Al contralor general y al tercer imputado Julio González Giménez, les adjudicó penalmente haber utilizado un documento no auténtico debido a que existen sospechas de que contenía un cargo de recepción que no provino de ningún funcionario del Tribunal de Apelaciones.
Según la imputación, el 6 de octubre de 2016 el entonces director jurídico de la Municipalidad de Asunción, Enrique García, habría dejado a cargo del funcionario inferior la presentación de la apelación.
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