Lorenzo Lezcano, fiscal de la unidad contra el crimen organizado y exministro del Interior e Inteligencia durante el gobierno de Horacio Cartes, recibió -en forma oficial- el 4 de mayo de 2021 el primer documento del Comando Tripartito sobre el informe reservado recibido por el Uruguay sobre Sebastián Marset (prófugo). En el documento se habla de pedido de cooperación de la Dirección General de Represión contra el Tráfico ilícito de Drogas de la República del Uruguay, sobre la supuesta existencia de una especie de clan familiar que se dedica al envío de grandes remesas de drogas al mercado europeo y países vecinos.
Un día después, el 5 de mayo de 2021, Lezcano envió una nota en la cual informaba la apertura de una causa y solicitaba la asignación de personal competente al Comando Tripartito para realizar las pesquisas. Situación que aparentemente se cumplió, según evidencian los reportes enviados a partir de entonces (ver infografía).
La cronología sobre los informes adjuntados en el marco de la operación Smart evidencia que el Comando Tripartito presentaba los avances investigativos en forma continua hasta el 2 de agosto de 2021. En todos se sugería a la representación fiscal, en este caso Lorenzo Lezcano, realizar diligencias para poder profundizar las investigaciones sobre la supuesta estructura criminal en la cual ya aparecían Marset (prófugo), Mauricio Schuartzman (asesinado en setiembre de ese año), Miguel “Tío Rico” Insfrán (prófugo), Alberto Koube (preso), entre otros.
Lo grave es que, según la documentación en poder de ABC, existían muy pocas respuestas del fiscal Lezcano a las sugerencias de los investigadores. Uno de los pocos documentos existentes dentro de la carpeta de la operación Smart y remitidos por el agente al Comando Tripartito tiene fecha 22 de junio de 2021 y corresponde a la respuesta de una empresa de telefonía.
El 1 de julio de 2021 el Comando Tripartito remite al fiscal Lezcano nuevamente sus avances investigativos. En ese informe hacen un resumen del trabajo de inteligencia consistente en identificación de inmuebles y seguimiento a varios de los miembros de la supuesta red criminal, entre ellos el asesinado Mauricio Schuartzman, Miguel Insfrán, Sebastián Marset y Alberto Koube.
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