Fiscal de Santaní paraliza causa contra funcionaria judicial denunciada por usura – El Independiente

Fiscal de Santaní paraliza causa contra funcionaria judicial denunciada por usura – El Independiente

Sin embargo, la causa sigue sin avances en la Unidad Fiscal a cargo de Walter Melo, quien también tiene paralizada otra denuncia relacionada con la Mafia de los Pagarés. 5 millones restantes, pero que supuestamente ese pagaré fue adulterado y ejecutado judicialmente por una suma de G. Según la denuncia, aunque Ortega Denis sería la prestamista, las demandas judiciales fueron presentadas a nombre de su empleada doméstica, identificada como Nilsa Ramona García Penayo, quien figura como demandante en los juicios ejecutivos. La paralización del caso se suma a la denuncia de Gladys Larrea, otra víctima de la mafia de los pagarés, cuya causa también se encuentra en la misma unidad fiscal sin movimiento.

Liliana Felicita Ortega Denis, funcionaria del Poder Judicial en Santaní, fue denunciada por presunta usura ante el Ministerio Público. Sin embargo, la causa sigue sin avances en la Unidad Fiscal a cargo de Walter Melo, quien también tiene paralizada otra denuncia relacionada con la Mafia de los Pagarés.

Una de las denunciantes es Teresa Graciela Cabrera Ríos, quien relató que en 2021 recurrió a Ortega Denis debido a una situación económica urgente y la delicada salud de su padre. Según explicó, solicitó un préstamo de G. 9 millones y, como garantía, entregó su tarjeta de cobro y firmó un pagaré en blanco.

La mujer detalló que comenzó a pagar la deuda, pero tras el fallecimiento de su padre dejó de hacerlo. Ortega, según la denuncia, le ofreció gestionar un préstamo en una entidad bancaria a través de su pareja —funcionario del mismo banco— para cubrir parte de la deuda. “Me consiguió un préstamo, le pagué y mi deuda bajó a G. 6 millones. Luego conseguí otro préstamo y quedó en G. 5 millones”, relató Cabrera.

Agregó que firmó un nuevo pagaré por los G. 5 millones restantes, pero que supuestamente ese pagaré fue adulterado y ejecutado judicialmente por una suma de G. 45 millones. En ese momento, según su cálculo, solo debía G. 1.800.000.

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