Los jueces Víctor Medina y Olga Ruiz absolvieron al concejal de San Lorenzo por la creación de cooperativas “fantasmas”, debido a que no reunía la condición de funcionario público. El mismo argumento utilizó Medina para justificar la absolución del senador Víctor Bogado y de Gabriela Quintana.
El tribunal de sentencia había condenado a Humberto González Ramos, extitular del Instituto Nacional de Cooperativismo, a la pena de dos años, por la creación de 10 cooperativas a finales del año 2014 e inicios del 2015. Este hecho solo fue atribuido a él, debido a que firmó las resoluciones y ostenta la categoría de funcionario público, según la Ley 2157/3.
Mientras que Carlos Ferreira, actual concejal colorado de San Lorenzo, quien se desempeña en el consejo directivo, fue absuelto, debido a que percibe remuneración en concepto de dieta y que esto es fijado por el sector que lo eligió.
Sin embargo, el voto en disidencia del tercer juez que integró el tribunal, Arnaldo Fleitas, indica lo contrario y parte de la apelación del fiscal Fabián Centurión menciona eso. El agente solicitó a la cámara que anule el juicio y se haga uno nuevo.
Con relación a Ferreira indica el fiscal que también se comprobó su calidad de funcionario público, debido a que el monto que percibía como miembro del Consejo Directivo “sí se encontraba establecido en el Presupuesto General de Gastos, figura como servicios personales, esto se desprende la planilla de liquidación de dietas”.
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