Representantes de la Asociación de Cañicultores de Mauricio José Troche y profesionales de la empresa Estructura Ingeniería (EISA) y 8A expusieron ayer sus posiciones sobre el estancamiento jurídico que impide la finalización del nuevo tren de molienda. Los productores anunciaron que presionarán al Gobierno con manifestaciones en las rutas, la constructora advirtió que retirará sus equipos –en los que invirtió más de USD 20 millones– si no se llega a un acuerdo con Petropar en un plazo aproximado de 15 días. La medida cautelar presentada por EISA impide actualmente que Petropar realice una nueva licitación o abra un sumario administrativo. Vera fue claro sobre el plazo: “Si en aproximadamente 15 días no llegamos a un acuerdo con Petropar, lastimosamente tendremos que retirar nuestros equipos”.
Representantes de la Asociación de Cañicultores de Mauricio José Troche y profesionales de la empresa Estructura Ingeniería (EISA) y 8A expusieron ayer sus posiciones sobre el estancamiento jurídico que impide la finalización del nuevo tren de molienda. Los productores anunciaron que presionarán al Gobierno con manifestaciones en las rutas, la constructora advirtió que retirará sus equipos –en los que invirtió más de USD 20 millones– si no se llega a un acuerdo con Petropar en un plazo aproximado de 15 días.
Jorge Denis, vocero de los cañicultores, informó que la comisión firmó un convenio con Petropar y los gobernadores de Guairá y Caaguazú para impulsar un nuevo proyecto, lo que –a su criterio– volvió a trabar el proceso. “Además, la empresa EISA presentó una medida cautelar”, señaló.
Denis agregó que las autoridades no pueden avanzar con el nuevo proyecto porque EISA posee la documentación de la licitación. “La conclusión es que nos reuniremos con la comisión directiva que firmó la nueva licitación, unificaremos criterios y saldremos a las rutas para presionar al Gobierno”, anunció.
Por su parte, el ingeniero Óscar Vera, representante de EISA y 8A, presentó la versión de la empresa. Aseguró que la constructora no tiene “malas intenciones” y que la medida cautelar busca defender su inversión y sus derechos. “Tenemos invertidos más de USD 20 millones y no hemos cobrado absolutamente nada. No puede venir otro a hacer una licitación con nuestros equipos sin ningún acuerdo previo”, afirmó.
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