Finalmente y luego de varios litigios y denuncias, una familia de empresarios recuperó el control de su embotelladora de agua mineral, luego de un año en el que la propiedad estuvo en manos del diputado cartista Jatar Fernández. Según el artículo 142 de la Ley 3440/2008 el que individualmente o en concierto con otras personas ingresara con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno será castigado con pena privativa de libertad de hasta 6 años. “Cuando la invasión en el sentido del numeral anterior se realizara con el objeto de en él u ocasionando daño patrimonial a los bienes existentes en el inmueble ajeno la pena privativa de libertad será de hasta 10 años”, reza el artículo.
Finalmente y luego de varios litigios y denuncias, una familia de empresarios recuperó el control de su embotelladora de agua mineral, luego de un año en el que la propiedad estuvo en manos del diputado cartista Jatar Fernández.
El predio, de 7.000 metros cuadrados y ubicado en Villeta, había sido ocupado por el legislador, quien, según la denuncia presentada, se instaló en el lugar sin la documentación legal correspondiente.
Tuvieron que acudir con la documentación correspondiente y con efectivos de la fuerza pública para el efecto.
El polémico diputado devenido a oficialista tenía otra denuncia de proporciones más grandes, incluso que la de la casaquinta de Ayolas, que levantó Jatar, producto de una supuesta invasión.
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
