En un fallo que marca un precedente poco frecuente en materia previsional, un Tribunal de Cuentas ordenó recalcular la jubilación de una funcionaria pública bajo el régimen especial para personas con discapacidad, al considerar que el Estado aplicó un criterio excesivamente restrictivo al momento de determinar el haber.
La resolución se dio en el marco de una acción contencioso-administrativa promovida contra la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, que había liquidado el beneficio conforme al régimen general previsto en la Ley N.º 2345/03, dejando de lado la normativa específica vigente para personas con discapacidad.
Detrás del caso estuvo la abogada Alejandra Peralta Merlo, quien representó a la beneficiaria y logró revertir una interpretación administrativa que, según el Tribunal, no se ajustaba al espíritu de la ley.
El conflicto giró en torno a una cuestión clave: qué normativa correspondía aplicar para el cálculo jubilatorio. Mientras la administración se apoyó en el régimen general, la parte actora sostuvo que debía regir la Ley N.º 6648/20, que contempla condiciones diferenciadas para trabajadores con discapacidad.
Al analizar el caso, el Tribunal concluyó que la funcionaria cumplía con los requisitos para acceder al régimen especial. En particular, destacó que la discapacidad estaba debidamente certificada y era previa a su ingreso a la función pública.
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