SAN LORENZO. El viernes durante la audiencia preliminar, el titular del Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) ofreció G. 100 millones como resarcimiento de un perjuicio patrimonial de G. 5.105 millones del Fondo Covid-19, que le fue desembolsado por la Gobernación de Central en 2021. Además quiere pagar en 10 cuotas iguales de G. 10 millones. La jueza resolvió no favorecerlo con el procedimiento abreviado con suspensión a prueba de la ejecución de la condena de un año y envió el expediente a la Fiscalía General del Estado (FGE).
En diez días, la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, deberá emitir una resolución sobre el caso de Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, presidente de la ONG CIAP, que recibió de la administración del exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre (ANR, cartista), acusado, un desembolso de G. 5.105 millones, mediante cuatro cheques que fueron efectivizados irregularmente en ventanilla del Banco Nacional de Fomento (BNF) a inicios del año 2021.
Según la ley, la fundación debe tener una cuenta bancaria para recibir la transferencia de fondos de parte de instituciones del Estado. El presunto despilfarro fue denunciado en la etapa más dura de la pandemia del covid-19.
En la causa más conocida como “facturas clonadas” que involucra a la institución departamental y a CIAP, la Fiscalía solicitó para Tadeo Álvarez, la salida procesal del procedimiento abreviado con suspensión a prueba de la ejecución de la condena, de un año, es decir, podría ser condenado por el Juzgado sin ir a juicio, pero no iría preso.
Sin embargo, la jueza Penal y de Garantías de San Lorenzo, María Elena Cañete, rechazó el pedido del Ministerio Público y remitió el expediente a la Fiscalía General del Estado.
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