Hace seis años que mataron a Rodrigo Quintana en la sede del PLRA y todavía no se realizó la audiencia preliminar de un juicio que, a esta altura, tiene al policía Gustavo Florentín como único acusado.
Es un caso muy didáctico sobre el funcionamiento hediondo del sistema de justicia paraguayo pues, pese a tratarse de un episodio notablemente bien documentado, la investigación del crimen fue trabada de varias maneras.
Obviamente, el método principal fue el de sostener que todo ocurrió por impulso de una sola persona, soslayando la existencia de coautores, encubridores y mandantes del operativo policial que terminó con la vida del joven dirigente liberal. Se buscó, sobre todo, evitar que se averigüe quién dio la orden de ingresar al local partidario. Por eso, la fiscala Raquel Fernández, coherente con la línea cómplice del Ministerio Público, sostuvo ya en 2017 que no se prestaría al "morbo" y se negó a pedir los cruciales datos sobre las llamadas entrantes y salientes del presidente Cartes y su entorno...
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