Autoridades del Ministerio de Justicia, Policía Nacional y otras instituciones evaluaron en conferencia de prensa, este jueves, la expulsión de integrantes del PCC que se encontraban presos en el país.
“Quiero dejar en claro que este no va a ser el último operativo, vamos a seguir trabajando para fortalecer la seguridad que tenemos hoy día”, mencionó este jueves Rodrigo Nicora Villamayor, viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, durante la conferencia de prensa ofrecida este jueves por la tarde, al aludir al operativo Purgatio, que expulsó a 25 miembros del PCC del país.
Jorge Kronawetter, titular de la Dirección Nacional de Migraciones, explicó que en cuanto al marco jurídico, la operación estuvo amparada en la Ley de Migraciones, la Ley 6984/2024, que otorga a la institución la competencia de actuar bajo ciertas circunstancias y disposiciones que en este caso se cumplieron, tales como atentar contra la seguridad interna y participar en hechos punibles criminosos graves como el narcotráfico, la trata de personas, terrorismo, etc.
“Específicamente, el artículo 67, inciso quinto, da a la Dirección Nacional de Migraciones la competencia de proceder a la expulsión de este tipo de personas, que están comprendidas dentro de este articulado, y hemos hecho un trabajo en conjunto no solamente por parte del Gobierno Nacional, sino una cooperación a nivel internacional con la Policía Federal del Brasil, que es quien tiene competencia en área migratoria en el vecino país”, explicó Kronawetter.
Agregó que como parte de ese trabajo en conjunto se realizó un sopeso en torno a la condena y expectativa de penas de esas personas, y se aplicó ese marco jurídico para que, a través de la expulsión de estos reclusos, cumplan las condenas que tienen pendiente en el vecino país.
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