Expertos alegan que varios hechos y procedimientos durante la manifestación de la Generación Z sirven como pruebas. Reparan, además, en la violación a la intimidad al infiltrar mensajes y grupos.
Abogados que siguen de cerca e incluso denunciaron la represión policial, con el consiguiente acompañamiento a jóvenes que se manifestaron y luego fueron detenidos irregularmente por la policía tras la manifestación del 28 de setiembre, hallan varios aspectos en el procedimiento policial que colisionan con el derecho a manifestarse, el debido proceso y el uso de la fuerza policial que está protocolizado. Advierten que se violaron garantías expresadas en la Carta Magna y también en tratados internacionales que el Paraguay es signatario.
El abogado Jorge Rolón Luna evidenció varios aspectos irregulares tanto en el procedimiento de exceso de fuerza protagonizado por la policía y también con la detención de 28 jóvenes.
Entre los hechos planteados se condena que la detención y la remisión a la Agrupación Especializada de los jóvenes se haya hecho sin que se haya detectado hecho punible alguno. “No es sostenible una aprehensión sobre la base de hechos innominados”, dijo.
Acotó que la liberación lo confirma. “Esos chicos que fueron presos (el domingo) y liberados (el lunes) no habían hecho nada y no había una mínima evidencia de acto concreto alguno. Por eso los liberaron”, alegó.
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