Una semana entera de debate sobre cómo financiar el reclamo médico transcurrió sin que las exoneraciones vigentes entraran en la discusión. Desde 2019, la ley concede beneficios fiscales sujetos a condiciones cuyo cumplimiento el Estado debe verificar. Allí existe una discusión fiscal pendiente. La discusión sobre cómo financiar el reclamo médico consumió una semana entera […]
Una semana entera de debate sobre cómo financiar el reclamo médico transcurrió sin que las exoneraciones vigentes entraran en la discusión. Desde 2019, la ley concede beneficios fiscales sujetos a condiciones cuyo cumplimiento el Estado debe verificar. Allí existe una discusión fiscal pendiente.
La discusión sobre cómo financiar el reclamo médico consumió una semana entera de portadas y giró alrededor de las mismas opciones: subir el impuesto a la renta empresarial o el personal, calcular el posible traslado a la canasta familiar, medir el efecto sobre la inversión o recortar planillas públicas. La palabra exoneración quedó fuera del debate. Sin revisar los beneficios vigentes, cualquier discusión sobre nuevas alícuotas empieza con una parte de la base tributaria fuera de examen.
Los números están publicados desde hace meses. La presión tributaria del Paraguay llegó al 15,8% del producto en 2024 según la Comisión Económica para América Latina, y desciende al 11,4% si se computa únicamente lo que ingresa al gobierno central, frente a un promedio regional de 21,5% y uno de 34% en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La propia Comisión señaló que los amplios beneficios fiscales limitan la capacidad de aumentar los ingresos. Las excepciones acumuladas durante décadas reducen la base sobre la cual el Estado recauda.
La preferencia política por discutir tasas tiene una explicación bastante concreta. Una alícuota se modifica con una firma, permite estimar rápidamente cuánto podría recaudar y alcanza a contribuyentes que ya están registrados. Revisar la base requiere expedientes, auditores formados, cruces de información y un trabajo cuyos resultados pueden tardar años. También obliga a examinar beneficios que durante mucho tiempo funcionaron sin una fiscalización suficiente.
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