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La tortura a dos menores de edad por parte de marinos de la Base Naval debe ser investigado de oficio, según explicó el abogado Roque Orrego, investigador y especialista en cuestiones de tortura y Derechos Humanos. El profesional explicó que en estos casos el Ministerio Público es la que debe tener la iniciativa de investigar los hechos. En tanto, en la Base Naval se llamaron al silencio.
El miércoles pasado, dos adolescentes que se dedican a captar clientes en la cabecera del Puente de la Amistad fueron rodeados por dos militares, uno de ellos comenzó a aplicarles descargas eléctricas con una picana. Se trata de dos hermanos, ambos de 17 años, quienes se ganan la vida cobrando comisiones en los locales donde llevan los clientes. Estos, además, denunciaron que fueron golpeados con dicho aparato de tortura e incluso uno de ellos privado de su libertad, mientras el segundo logró zafar para dar aviso a sus familiares.
Según Orrego, los golpes en las personas privadas de su libertad es considerada una tortura, porque son sometidos a tratos de abusos de poder cuando ya están reducidos. “Están recibiendo una serie de tratos de abusos de poderes que provocan angustias en ellos sin que la ley autorice eso. Podrían ser denunciados como tortura y deberían ser procesadas estas personas individualizadas en estos videos y el Ministerio Público debería actuar de oficio”, manifestó.
Además, explicó que estos menores solamente pueden ser privados de su libertad mediante orden de un juez penal de adolescencia. “El modelo de privación de libertad que aplican es completamente ilegal porque no fueron sorprendidos en la comisión de un hecho punible. Conducir a los clientes hasta un negocio no es delito”, dijo el profesional.
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