Dos funcionarias del Servicio Nacional de Control y Sanidad Animal (Senacsa) fueron acusadas por la Fiscalía. Una de ellas afrontará juicio y la otra, obtuvo la suspensión condicional del procedimiento. Según el órgano acusador, ambas habrían falsificado las guías de traslado facilitando el traslado y transferencia irregular de 2.836 semovientes de la ex estancia del narcotraficante Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca.
Por medio de su Auto Interlocutorio (AI) N° 918, el juez penal de garantías Rolando Duarte elevó a juicio oral y público la causa penal con relación María Graciela Gómez Luján (45 años); en cambio, dictó la suspensión condicional del procedimiento para Edith Lucila Dávalos Agüero (41) por el plazo de un año. Ambas fueron acusadas por producción de documentos no auténticos por el fiscal Luis Piñánez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. Ambas habrían facilitado el traslado de ganado, en forma irregular, de una de las estancias de
Al momento de sustanciarse la audiencia preliminar María Gómez, ex funcionaria del Senacsa, y Edith Dávalos, quien sigue como funcionaria de dicha entidad, la defensa de la primera, ejercida por el abogado Guido Javier Vera Zarza, señaló: “esta defensa técnica no se opone a la solicitud de elevación de la presente causa al estadio de juicio oral y público, puesto que considere que existen hechos que únicamente pueden dilucidarse en dicha etapa procesal”.
En tanto que la defensa de Dávalos, ejercida por el abogado Manuel María Álvarez Benítez, planteó la salida de la suspensión condicional del procedimiento. “mi representada acepta el hecho, sin admitir su responsabilidad considerando que la misma se declara inocente de la comisión de ese hecho punible [...] y propone reparar el daño social ofreciendo una suma de G. 11.961.000, que serán dividas en doce meses dando una cifra de G. 996.750 mensuales que será depositada a favor de una institución benéfica”.
En consideración a lo formulado por la defensa de Dávalos es que el juez dictó esa la salida procesal mediante su AI N° 919. Además, el magistrado impuso reglas de conducta como residir en el domicilio denunciado, la obligación de comparecer en forma trimestral al Juzgado de Ejecución, del 1 al 10 del mes correspondiente; la prohibición de salida del país. También, una donación de la suma de G. 11.961.000, divididos en 12 pagos mensuales de G. 996.750 a ser destinadas a la ‘Fundación ASOLEU’”.
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