La jueza Hilda Benítez resolvió apartar a los padres del fallecido dirigente liberal Rodrigo Quintana en el caso que investiga lo sucedido durante las protestas del 31 de marzo de 2018, conocido como 31-M. El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, que con esta resolución queda también afuera de la causa junto a su colega Santiago Lovera, […]
La jueza Hilda Benítez resolvió apartar a los padres del fallecido dirigente liberal Rodrigo Quintana en el caso que investiga lo sucedido durante las protestas del 31 de marzo de 2018, conocido como 31-M.
El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, que con esta resolución queda también afuera de la causa junto a su colega Santiago Lovera, opinó que lo resuelto por la jueza “es un acto nulo de nulidad absoluta, que no corresponde en derecho, porque es una excepción que ya fue estudiada y rechazada, y no podía ser tramitada de nuevo”.
“Esta excepción ya no podía ser estudiada, porque ya se tramito; el artículo 329 del Código Penal dice que las excepciones rechazadas no pueden ser planteadas de nuevo; ya fue planteada, el juez Alcides Corbeta rechazó, y la Cámara de Apelaciones confirmó su resolución; es una cuestión juzgada, la jueza no podía siguiera tramitar”, explicó Duarte, abogado de la familia Quintana.
El letrado señaló que la jueza Benítez “se equivocó, está perdida en el proceso, y en la aplicación correcta de la ley”, porque “despoja a los padres de Rodrigo de su condición de víctimas con un argumento sucesorio de la herencia que atribuye exclusivamente ese rol a la hija de Rodrigo”.
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