La acción penal es por difamación, calumnia e injuria contra el Ejecutivo municipal, quien había denunciado que Argüello Da Silva supuestamente hacía de intermediario para un grupo de empresarios que pretendían echarle por supuesta extorsión, utilizando al Ministerio Público.
La denuncia pública realizada a través de una radio de la capital del país con alcance nacional y otros medios de comunicación causó un perjuicio enorme a su reputación como comerciante, político y persona pública, de acuerdo con lo expresado en el escrito de la querella.
El millonario monto fue solicitado en concepto de composición “por las consecuencias negativas, daños morales y perjuicios económicos como lucro cesante que me acarrea y seguirá acarreando el ilícito cometido por el señor Miguel Prieto Vallejos (sic)”.
Prieto había denunciado que recibieron la información que había personas que exigían altas sumas de dinero a empresarios de la zona a su nombre y el de su familia, hecho que fue denunciado contra personas innominadas ante la Oficina Regional contra Delitos Económicos de la Policía Nacional.
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