Mientras el presidente, Evo Morales, y la oposición elevan la tensión, grupos civiles se manifiestan contra los dos principales candidatos. El gobierno de Morales aceptó una auditoría electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), pero la oposición boliviana la rechaza porque cree que se trata de «una maniobra distraccionista para mantener a Morales en el poder». Bajo esa consigna se enfilaron las nuevas exigencias de grupos cívicos que salieron a las calles contra los candidatos presidenciales con la idea de «ratificar la independencia política», lograr la renuncia de Morales y convocar a nuevas elecciones. Bolivia quedó polarizada tras las elecciones en que Morales ganó la reelección, con el 47,08% de los votos, frente a Mesa, con 36,51%, según el recuento del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La Paz.-El conflicto que se instaló en Bolivia después de las elecciones no avizora un final cercano y recrudece en las calles y la política. Mientras el presidente, Evo Morales, y la oposición elevan la tensión, grupos civiles se manifiestan contra los dos principales candidatos.
Morales, reelegido hace dos semanas en unos cuestionados comicios, afirmó que la oposición «está buscando muertos que vengan de la policía y las Fuerzas Armadas».
«El que pide la intervención militar está pidiendo sangre», coincidió el ministro de Interior, Carlos Romero, después de que el líder opositor, Luis Fernando Camacho, llamó a las fuerzas militares a colocarse «al lado del pueblo».
Camacho, líder del Comité Cívico de Santa Cruz, leyó una carta dirigida a los jefes de las Fuerzas Armadas, a quienes alentó a «estar al lado del pueblo». «Morales tiene 48 horas para renunciar, porque el lunes a las siete de la noche vamos a tomar determinaciones y garantizar que él se vaya», indicó Camacho.
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