Las evidencias referidas por la fiscalía en la imputación contra el extitular de la ANDE Carlos Heisele revelan un grosero negociado en el pago de las indemnizaciones por inmuebles afectados por la construcción de la Línea 500 kV. La investigación desnudó la existencia de una rosca de abogados y funcionarios que fueron cómplices del perjuicio de casi G. 9.500 millones a la institución, mediante los desembolsos hechos al margen de la ley.
Los fiscales José dos Santos y Martín Cabrera refirieron en la imputación unos 17 casos (ver infografía de tres de ellos), en los cuales se pagaron indemnizaciones al margen de la ley. Sindicaron a Heisele como autor del hecho punible de lesión de confianza, por un perjuicio de G. 9.451.992.829 a la ANDE. Los funcionarios Mónica Rodríguez (directora jurídica) y Jacinto Bernal en calidad de cómplices, al igual que los abogados de los dueños de los inmuebles indemnizados, René Aranda y Ángel Javier Galeano.
Los agentes del Ministerio Público explican que el 2 de diciembre de 2011 la entidad binacional Itaipú y el Consorcio CIE-Elector firmaron un contrato para la implementación de la línea entre la subestación localizada en la margen derecha de la Itaipú-SEMD y la Subestación de Villa Hayes, incluyendo la provisión de materiales, equipos y servicios.
El 4 de octubre de 2010 se había firmado entre la Itaipú y la ANDE un instrumento de compromiso que tenía por objeto establecer el marco de relacionamiento y las obligaciones de ambas partes en la implementación del sistema de transmisión en 500 kV del Paraguay. Entre las obligaciones de la ANDE se encontraba “Obtener la plena liberación de acceso y uso –sin ningún costo para la Itaipú– de todas las áreas afectadas para la implantación de las instalaciones y equipos ...”.
Los fiscales explicaron igualmente que la ley que crea la ANDE establece que gozará del derecho de servidumbres en propiedades públicas y privadas.
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