Una investigación que había sido descartada por el exfiscal general de El Salvador ha proporcionado abundantes evidencias de que la administración del presidente Nayib Bukele negoció en secreto con tres de las violentas pandillas callejeras del país.
El medio de noticias digital El Faro obtuvo la investigación inconclusa y publicó algunas de sus partes, que incluyen transcripciones de llamadas telefónicas interceptadas, archivos de audio, mensajes de texto e imágenes de cámaras de vigilancia, entre otros materiales que demuestran que los funcionarios de la administración llevaron a cabo negociaciones secretas con la Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños.
No está del todo claro cuál es el quid pro quo entre las partes. Sin embargo, parece que, como mínimo, los líderes de las pandillas acordaron reducir los homicidios a cambio de mejores condiciones en las cárceles, lo que incluye comunicaciones más frecuentes entre los líderes de las pandillas en las cárceles y los que se encuentran por fuera de ellas. La mayoría de las pruebas reunidas por el Ministerio Público están relacionadas con funcionarios del gobierno que facilitaron estas comunicaciones dentro de las cárceles.
La investigación, denominada Operación Catedral, fue adelantada por una unidad especial de la fiscalía —la cual fue creada por el exfiscal general Raúl Melara para investigar las negociaciones entre las dos administraciones anteriores y las pandillas—. Dicha unidad allanó la Oficina de Prisiones del país en septiembre de 2020, donde incautó discos duros y libros de registros, poco después de que se publicara un informe de El Faro que dio a conocer el tema de las conversaciones del gobierno de Bukele con las pandillas.
Los fiscales además intervinieron líneas telefónicas, siguieron los movimientos de los sospechosos y entrevistaron a testigos, según informó El Faro, medio que confirmó gran parte de la investigación mediante sus propias entrevistas.
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